El debate abierto sobre si la Iglesia Católica debe pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por sus propiedades nos ha permitido en los últimos días ver una de las caras más miserables de la misma.
Tras varios meses de escaqueo aludiendo toda clase de derechos históricos o funciones sociales, finalmente la deplorable situación financiera de muchos Ayuntamientos ha hecho que, incluso algunos de los más afines a la Iglesia Católica regidos por el Partido Popular como Zamora, Alcalá de Henares o San Sebastián de los Reyes inicien formalmente los trámites para anular la exención del pago del IBI de la que goza la Iglesia Católica.
Ver las orejas al lobo ha hecho saltar al pastor y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela, no ha dudado en tomar como rehén a su obra caritativa, Cáritas, de la que tanto presume y tanto explota para justificar sus inexplicables beneficios llegando a declarar que “si hay que pagar, se pagará, aunque ello pueda afectar a otras acciones de la Iglesia como la que desarrolla Cáritas”.
A priori no deja de ser curioso que el blanco de su amenaza haya sido el impacto negativo en su aportación social, lo cual dice mucho sobre la propia consideración que hacia ella tienen dejándola en el último lugar por detrás de cualquier otro tipo de lujo o cuestión accesoria de las que, posiblemente, la Iglesia también pueda prescindir.
Sin embargo, más llamativo es el hecho de que esta respuesta amenazante, además de miserable va a resultar ser un farol pues al parecer, según ha declarado la propia Cáritas Diocesana de Barcelona, sólo el 2% del prespuesto de Cáritas procede de la aportación de la Conferencia Episcopal y más del 90% procede directamente de donaciones particulares.
Por favor, Señor Rouco Varela, proceda a abonar el IBI como todo hijo de vecino pues dado que el vilipendio y la malversación de los impuestos que realiza nuestra nefasta clase política no sirve de excusa a los demás, tampoco debería servirle a usted y los suyos.